II Época, N° 173, Diciembre 2013

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Hace unos días conocíamos la noticia de que el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), institución dependiente del Ministerio de Cultura, va a destinar 1,5 milones de euros a un nuevo programa para impulsar la llamada “música popular”.  El programa -que lleva el mediático nombre de “Girando por Salas (GPS)”- pretende incluir por primera vez al sector musical “popular” en el contexto de subvenciones y programas que el organismo destina cada año para la música. Según el INAEM, el GPS beneficiará en su primera edición a 50 artistas (de los 640 presentados) y ayudará a promover alrededor de 200 conciertos que se llevarán a cabo en un centenar de salas de pequeño y mediano formato de toda España durante los meses de noviembre y diciembre. El programa cuenta con la colaboración de las principales asociaciones profesionales del sector, entre otras, la Unión Fonográfica Independiente (UFI), la Asociación de Productores de Música de España (PROMUSICAE), la Asociación Nacional de Salas de Música en Directo (ACCES), o la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE).

Ante la cuantía de la ayuda, lo primero que se nos ocurre es compararla con otras partidas públicas, con el ánimo de ser objetivos en nuestras valoraciones y nuestra crítica. Pero entrar en detalles aburriría al más paciente mortal, por lo que valgan algunas cifras para dar una muestra -pensamos que suficiente- de cómo está el panorama presupuestario de nuestro país en relación con la música y la danza.

Por ejemplo, podemos leer algunas cifras llamativas en la relación de gastos previstos para el INAEM en los Presupuestos Generales del Estado para 2010: 26.000 euros para el desarrollo del festival ”Madrid en Danza”, 26.000 euros para el desarrollo de actividades de la Sociedad Española de Musicología, 180.000 euros a la Quincena Musical Donostiarra para el desarrollo de este festival, o el 1,1 millón de euros para el Proyecto artístico del Centro Nacional de las Artes Escénicas y de las Músicas Históricas de León. No hemos consignado estas cantidades al azar, como se puede suponer, sino porque nos parece -al menos en un análisis primario- que existe un desequilibrio aparente entre proyectos o entidades que, en una situación normalizada, deberían requerir una inversión mucho mayor. Por extraer un caso concreto, en un país que tiene uno de los patrimonios históricos más importantes de toda Europa, ¿podemos considerar suficiente que la única sociedad que vertebra la musicología reciba un total de 26.000 euros para realizar sus actividades? ¿Cuántas investigaciones y publicaciones podrían llevar a cabo nuestros musicólogos o aquellos que, desde otros países, quisieran estudiar nuestra música? ¿Será suficiente el 1,1 millón de euros para una entidad como el Centro Nacional de las Artes Escénicas y de las Músicas Históricas de León, entre cuyos cometidos está la recuperación de este patrimonio, a través de la investigación y la puesta en escena de sus obras? Y no digamos ya si nos sumergimos en otras esferas, como es la de la recuperación y estudio del patrimonio etnomusicológico -en un tiempo en el que o se hace ahora o no será posible hacerlo-, en lo que no encontramos partida, más allá de unos grises 55.800 euros para la Asociación Española de Organizadores de Folclore.

Los argumentos esgrimidos por el INAEM y las entidades del sector para crear el programa GPS de ayuda a la “música popular” parece ya manido: cultura es todo, también lo popular. O el tan socorrido “Es una manera de crear más puestos de trabajo y dar oportunidad a los grupos emergentes [...] Esto supondrá más de 1.000 altas en la Seguridad Social cada mes“, apuntado, según Europa Press, por Félix Palomero, director del organismo público. Es decir, los binomios economía-cultura, rentabilidad-cultura, crecimiento económico-cultura… puestos otra vez en el nivel más visible, como si la cultura sólo tuviese razón de existir en función de una buena posición como potenciadora económica del país. E incluso, desde esta posición, estos recurrentes argumentos podrían tener otra perspectiva, pero si no se potencia la cultura de forma equilibrada, siempre se correrá el riesgo de parecer (o ser) tendenciosos. Porque, aunque pueda parecer lo contrario, la musicología también es importante para el desarrollo económico, como la historia, la estética, o “incluso” la música contemporánea (como el mismo INAEM ha puesto de relieve recientemente, con la celebración del I Encuentro en el Festival de Alicante). Es fácil entenderlo si nos fijamos en las potencias circundantes y observamos, por ejemplo, cómo actúa históricamente Francia en este sentido, y de qué forma integra lo menudo en la idea de potencia cultural. No se trata siempre de grandes y sonoros actos, la gestión cultural se hace de lo más reducido a lo mayúsculo, para que el engranaje funcione.

Potenciar la “música popular” o salvar el sector

Pero nos interesa retornar al primer argumento, el de que la “música popular” también tiene un espacio en la cultura. Esto es innegable, quién se opondría a estas alturas a algo así… Pero no se trata de eso, sino más bien de delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de “música popular”. ¿Podemos considerar como tal a grupos como Amaral (uno de los beneficiarios del programa GPS)? De este asunto se han escrito ríos de tinta y no es cuestión de entrar aquí en disquisiciones socio-económicas o estéticas, pero si pensamos en las organizaciones colaboradoras en el programa GPS, que en definitiva son las encargadas de hacer la selección de los grupos musicales, podremos fácilmente deducir que el movimiento se encuentra más en el entorno del mercado y sus problemas actuales, que de cualquier aspecto relacionado con el debate estético. Y aquí surge la pregunta de siempre: ¿necesita realmente Amaral o Barricada un impulso de este tipo? ¿No será que bajo la excusa del “nuestra música también es cultura” y del estímulo de la música en vivo se intenta poner un nuevo parche al negocio musical, tan renqueante en estos tiempos?

La queja constante de la industria discográfica (por cierto, representada en el programa GPS por la UFI) sobre los malos resultados del sector ha llevado a formar una opinión generalizada de que se debe potenciar el directo. Pero he aquí que llegó la crisis, y las entidades públicas -principales contratadoras, sobre todo las del ámbito municipal- han dejado de pagar conciertos. Entonces, ¿de qué vive el músico? Todo esto está muy bien, es muy razonable y no carece de lógica el articular formas de subsistencia para la llamada “música popular”, pero nos da la impresión de que ese supuesto fin no se corresponde con los resultados, y la presencia de estos grupos de gran popularidad hace sospechar que, por ejemplo, no están todos los que son.

Y esto no es todo, porque si entendemos que un mercado debería ser autosuficiente (al menos sus leyes así lo determinan), y sólo la cultura que no participa de sus bondades debería ser la beneficiaria de la ayuda pública, nos preguntamos cómo quedan afectadas las “otras” zonas de la música, en concreto y por lo que más directamente importa a esta publicacion, a la música contemporánea. Si el total del presupuesto para ayudas a la música y la danza en 2010 -en el que se incluye la difusión de la contemporánea, los festivales, giras de orquestas fuera de España, encargos a compositores, etc.- está en torno a los 6,7 millones de euros, parece algo descompensado el 1,5 concedido para el programa GPS. Y este desequilibrio no es bueno, porque podría deducirse, por ejemplo, que las difuntas “Ayudas al fomento de la música contemporánea española” (integradas ahora en formato enano en las ayudas a la música y la danza mencionadas antes) podrían haber subsistido sin problemas.

Se trataría entonces de fijar otros criterios, de dar al que propone materia de calidad y no tiene para llevar a cabo su proyecto; y no tanto al que ya tiene, sólo para que la gestión pueda resonar con potencia mediática. La gestión de la cultura, en lo público, no debería estar condicionada por las veneradas leyes de mercado, porque entonces dejaremos de hablar de cultura y no sería coherente una política basada en la subvención. Aunque todo apunte hacia esos derroteros, a que la tendencia generalizada de los estados es la de sólo contribuir en lo que está garantizado por ser visible y masivo (democrático, se alega). Y esta idea puede ser peligrosa, muy perjudicial para la cultura, ya sea la nuestra o la de Sebastopol.